Una investigación judicial permitió desarticular parte de una organización que realizaba estafas telefónicas desde cárceles bonaerenses. En Mar del Plata fue detenido un hombre de 37 años que tenía en su poder una base de datos con información personal de 22.871 adultos mayores de distintas ciudades del país. La Fiscalía también identificó a otros dos sospechosos, uno de ellos preso por homicidio.
El detenido fue identificado como Lautaro Ariel Giunta. Según la investigación, su función dentro de la organización consistía en conseguir y distribuir registros con información privada que luego eran utilizados para seleccionar a las personas que recibirían las llamadas fraudulentas.
El archivo contenía nombres, fechas de nacimiento, domicilios, números de teléfono, correos electrónicos y números de CUIL, entre otros datos personales.
La información abarcaba a residentes de distintas localidades argentinas, entre ellas Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, San Isidro, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para los investigadores, contar con semejante volumen de información permitía a los integrantes de la banda identificar a sus posibles víctimas y desarrollar engaños telefónicos con mayores posibilidades de éxito.
La causa está a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI N° 13, quien dio a conocer nuevos avances de la pesquisa.
La estructura delictiva tenía integrantes alojados en las unidades penitenciarias N° 1 de Olmos y N° 44 y N° 15 de Batán, además de colaboradores que actuaban desde el exterior.
Desde los establecimientos carcelarios, los internos realizaban llamados telefónicos y adoptaban distintas identidades para engañar a las víctimas. En algunos casos se presentaban como familiares; en otros, simulaban ser policías, funcionarios judiciales o empleados bancarios.
Una de las modalidades detectadas consistía en inventar una emergencia familiar para generar desesperación y conseguir que las personas entregaran dinero.
En uno de los audios incorporados al expediente se escucha a una mujer hacerse pasar por la hija de una víctima y decir: “Hola, papá, no puedo hablar bien porque me lastimé la boca”.
La estrategia apuntaba a provocar una reacción inmediata, aprovechando la preocupación de los adultos mayores por la supuesta situación de un familiar.
La existencia de este esquema de llamadas clandestinas había trascendido públicamente a fines de octubre, cuando se conocieron detalles sobre el funcionamiento de un centro de operaciones dentro de establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
Otro de los sospechosos identificados es Carlos Nahuel Vallansot, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal de Olmos y cumple una condena de 15 años de prisión por homicidio.
Los investigadores sostienen que habría tenido un papel relevante en el funcionamiento de la organización. Además de realizar comunicaciones, presuntamente suministraba bases de datos y enviaba enlaces con fotografías y direcciones de las viviendas de las personas contactadas.
Durante un procedimiento realizado en su celda, las autoridades secuestraron un teléfono celular no registrado, una notebook y un cuaderno con anotaciones relacionadas con la creación de páginas web.
La investigación también identificó a Esmeralda Dalila Mitrovich, sobre quien pesa una orden de detención y cuya búsqueda fue dispuesta por la Justicia.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, habría participado en la administración de los movimientos de dinero, la verificación de domicilios y el envío de fotografías y ubicaciones mediante herramientas digitales como Google Maps.
También se le atribuye la carga de crédito en las líneas telefónicas utilizadas para concretar las maniobras fraudulentas.
Con la detención de Giunta y la identificación de los otros dos sospechosos, la Fiscalía busca reconstruir el funcionamiento completo de la organización y establecer cómo se distribuían las responsabilidades entre los integrantes que operaban desde las cárceles y quienes colaboraban desde el exterior.
Uno de los puntos centrales es determinar el origen de la base de datos con información de 22.871 adultos mayores y establecer de qué manera esos registros llegaban a manos de los integrantes de la banda.
La pesquisa también intenta precisar el alcance de las maniobras y la cantidad de víctimas que pudieron haber sido afectadas por este sistema de estafas telefónicas.