El Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva ley de discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas para las personas con discapacidad. La iniciativa recibió el respaldo de los 71 legisladores presentes y convierte en permanente buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, que había sido vetada por el presidente Javier Milei el año pasado.
La votación representa un cambio de posición del oficialismo, que finalmente acompañó un esquema de protección que había rechazado meses atrás. La decisión se produjo después de un prolongado reclamo de organizaciones y colectivos vinculados a la discapacidad, que se movilizaron para exigir respuestas ante la situación del sector. También se conoció luego del respaldo del papa León XIV a esos reclamos.
El nuevo marco legal deja atrás el carácter transitorio de la emergencia y busca establecer reglas estables para sostener los derechos y las prestaciones, más allá de los cambios de gobierno.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión de avanzar con una legislación permanente en lugar de extender la emergencia por otro año, como reclamaban distintas organizaciones.
"La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad", sostuvo. Además, afirmó que el proyecto garantiza la continuidad de las prestaciones, pensiones y coberturas, así como su compatibilidad con el trabajo.
Desde la oposición, la senadora peronista y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, consideró que la aprobación representa un avance, aunque advirtió que no alcanza para reparar los derechos vulnerados.
"Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida", expresó. Y agregó: "Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva".
Por su parte, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y sostuvo que la ley fue posible por la movilización social.
"Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle", afirmó.
Si bien reconoció que la norma tiene aspectos por mejorar, destacó que permite mantener derechos que estaban en riesgo. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de modificar el presupuesto para garantizar su cumplimiento efectivo.
"Si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena", señaló.
La senadora de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, puso el foco en la necesidad de optimizar los recursos y acompañar financieramente a las provincias para sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad.
En tanto, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, sostuvo que la dignidad de las personas con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden depender de una emergencia con fecha de vencimiento.
"Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto", manifestó.
El radical Maximiliano Abad también respaldó la necesidad de abandonar las respuestas transitorias y avanzar hacia políticas públicas sostenidas.
Durante su intervención, describió las dificultades que atraviesa el sector, con profesionales que acumulan aranceles congelados, demoras prolongadas en los pagos, instituciones en crisis y familias que no tienen certezas sobre la continuidad de los tratamientos.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la iniciativa como un "acuerdo social y un acuerdo político".
La senadora sostuvo que el nuevo régimen establece prestaciones más adecuadas que las contempladas en anteriores leyes de emergencia y reconoció las dificultades registradas durante los últimos dos años, entre ellas las falencias en las auditorías y la incertidumbre provocada por las sucesivas prórrogas.
Según explicó, la nueva legislación apunta a reemplazar los mecanismos transitorios por un sistema con mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias.
También destacó que uno de los principales cambios respecto de las normas de emergencia es que el proyecto establece de dónde surgirán los fondos destinados a financiar las prestaciones.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.
De esta manera, busca consolidar un régimen permanente y de orden público, con garantías que no dependan de las decisiones coyunturales de cada administración.
Entre sus principales disposiciones se destacan:
La norma permite que las personas con discapacidad continúen cobrando una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo y, al mismo tiempo, puedan acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo.
Para mantener esa compatibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El proyecto conserva el principio de nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida busca evitar que los valores que reciben los prestadores queden desactualizados frente al incremento de los costos.
La legislación ratifica la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para las personas que perciben pensiones no contributivas por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
Este punto busca establecer un piso de recursos para sostener las políticas públicas destinadas al sector.
La nueva legislación también contempla un sistema de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos y mejorar los mecanismos de control.
Para ello, prevé el intercambio de información entre organismos como ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Los procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.
Uno de los puntos incorporados establece una cláusula transitoria con un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores de servicios de discapacidad.
Además, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la nueva ley y establezca los mecanismos necesarios para su implementación.
La sesión del Senado comenzó pasadas las 11 y, además de la legislación sobre discapacidad, incluyó el tratamiento de distintos proyectos vinculados con la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones relacionadas con la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, entre otras iniciativas.
Antes del debate sobre discapacidad, la Cámara dio ingreso formal a una serie de pliegos para cubrir cargos en la Justicia y aprobó el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar.
El pliego obtuvo 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. La promoción tiene vigencia desde el 31 de diciembre de 2025.
También se aprobaron mociones para dar tratamiento preferencial a distintos proyectos durante la última sesión ordinaria, prevista para el 26 de noviembre. Entre ellos figura una iniciativa para prorrogar el Estatuto del Periodista.