04/08/2026 - Edición Nº601
Necochea
Practicaje: El Gobierno endurece su postura con denuncias penales y Puerto Quequén sufre las consecuencias
11:44 |
La actividad en Puerto Quequén y en los principales puertos del país atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. La entrada en vigencia del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno nacional desreguló el servicio de practicaje y pilotaje, desencadenó un conflicto que mantiene paralizadas numerosas operaciones marítimas y genera pérdidas económicas millonarias.
Según estimaciones oficiales, la interrupción de la actividad provoca un impacto económico que oscila entre 2 y 3 millones de dólares por día, mientras la Casa Rosada analiza endurecer su respuesta con denuncias penales, inhabilitaciones profesionales y acciones contra las agencias marítimas involucradas.
El Gobierno prepara medidas más severas
Tras el fracaso de las negociaciones con los representantes del sector, fuentes oficiales adelantaron que el Ejecutivo avanzará con una estrategia mucho más rígida para intentar restablecer la normalidad en los puertos.
Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis figuran la presentación de denuncias penales contra quienes sostienen la medida de fuerza, la revocación definitiva de habilitaciones profesionales y la investigación sobre la responsabilidad de las agencias marítimas que intervienen en la operatoria.
Además, el Gobierno evalúa reemplazar temporalmente a los prácticos mediante baqueanos habilitados y, de no resultar suficientes, recurrir a especialistas provenientes de Paraguay para garantizar la continuidad de las maniobras.
Los prácticos anticipan que el conflicto seguirá creciendo
Desde el sector de prácticos, pilotos y baqueanos advirtieron que el escenario podría agravarse si el Ejecutivo no da marcha atrás con la desregulación.
La resistencia a la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger no comenzó con la publicación del decreto. Desde hace varios meses, los profesionales venían manifestando su rechazo a la reforma del sistema de cabotaje y al nuevo esquema regulatorio para la marina mercante.
Los trabajadores sostienen que la nueva normativa elimina requisitos considerados esenciales para la seguridad de la navegación y flexibiliza un servicio que consideran estratégico para el país.
Qué cambia el Decreto 690/2026
El eje del conflicto está en la profunda modificación del régimen de practicaje.
La normativa elimina restricciones para el ejercicio profesional y permite que determinados capitanes extranjeros puedan realizar maniobras sin asistencia de prácticos argentinos, siempre que acrediten experiencia y conocimiento de la zona de navegación.
Para el Gobierno, esta reforma apunta a reducir costos logísticos, aumentar la competitividad y eliminar estructuras que considera monopólicas dentro del sistema portuario.
Sin embargo, desde el sector marítimo aseguran que la medida pone en riesgo la seguridad náutica, debilita la soberanía sobre las vías navegables y podría incrementar la posibilidad de accidentes ambientales de gran magnitud.
Puerto Quequén siente el impacto de la paralización
Uno de los puertos más afectados por la medida es Puerto Quequén, donde las demoras comenzaron a sentirse inmediatamente después de la publicación del decreto.
La interrupción del servicio de practicaje dificulta el ingreso y la salida de los buques, ralentizando la carga y descarga de mercaderías y generando incertidumbre entre exportadores, operadores logísticos y empresas vinculadas al comercio exterior.
La situación también repercute en otros complejos portuarios estratégicos, especialmente en el Gran Rosario, principal polo exportador de granos del país.
La crisis ya afecta proyectos energéticos
Las consecuencias del conflicto ya trascienden el ámbito portuario.
Uno de los casos más significativos se registra en Bahía Blanca, donde quedó paralizada la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La plataforma permanece inmovilizada sin poder iniciar las maniobras previstas debido a la falta del servicio de practicaje.
El episodio refleja el impacto que la crisis puede tener sobre inversiones estratégicas y proyectos vinculados al desarrollo energético nacional.
El sector pesquero reclama soluciones
Dentro de la industria pesquera, la cámara Capear-Alfa fue la primera entidad empresaria en fijar una posición pública.
La organización manifestó su respaldo al nuevo régimen impulsado por el Gobierno, aunque reclamó que el Estado garantice el funcionamiento normal de los puertos y asuma la responsabilidad por las pérdidas derivadas de la paralización.
Para el sector, resulta imprescindible encontrar una salida rápida al conflicto para evitar mayores perjuicios sobre la actividad económica.
Crece la tensión y se esperan acciones judiciales
Mientras la Prefectura Naval Argentina continúa notificando a los profesionales involucrados e intimando la normalización del servicio, los representantes del sector marítimo preparan presentaciones judiciales para cuestionar la constitucionalidad del Decreto 690/2026.
Con los principales puertos argentinos operando de manera limitada y el comercio exterior afectado, el conflicto entre el Gobierno y los prácticos ingresa en una etapa de máxima tensión.
La evolución de las negociaciones y las futuras decisiones judiciales serán determinantes para definir el funcionamiento de Puerto Quequén y del sistema portuario argentino en las próximas semanas.
