Todo un ejemplo... Concejal aseguró que "las declaraciones juradas en este país no tienen mucho sentido"

Desde hace muchos años está visto que el desempeño de los concejales necochenses en sus bancas deja mucho que desear: el nivel de debate y formación de la mayoría de los concejales de los últimos años ha sido más bien bajo, con resultados pobres en materia legislativa y más aún en el ejemplo esperable de quienes tienen como tarea redactar las normas que rigen la comunidad en un nivel local.

Tal es así que sólo en el período que ha pasado la pandemia en nuestro distrito el HCD ha mostrado numerosos ejemplos de esa pésima calidad institucional producto de la elección de postulantes que muchas veces llegan a ese lugar por acuerdos políticos o comerciales que no tienen en consideración la formación cívica de los representantes.

Entonces se pueden escuchar declaraciones como "estoy opinando de algo que no se un pomo", como hizo el concejal Maximiliano Delfino al referirse a las posibilidades de venta del complejo Casino, o se aprecia la confusión de la concejal Eugenia Vallota al calificar un terreno público como es el Parque Miguel Lillo en el mismo nivel que los terrenos privados que dieron lugar a la fundación de localidades balnearias como Pinamar y Cariló. En medio de una crisis institucional arrastrada desde hace décadas, esos yerros o falta de formación explícita para representar a los vecinos se ha naturalizado, empobreciendo aún más el debate debido de cuestiones que son de suma importancia para el funcionamiento democrático.

Y una vez más se presentó en el Concejo Deliberante un ejemplo de ese pobre nivel de entendimiento de las instituciones públicas y los deberes de los funcionarios por parte de un representante del pueblo.

El concejal de Nueva Necochea, Bartolomé Zubillaga (empresario ligado a la actividad portuaria y miembro del directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén), utilizó el inicio de la 6ta sesión ordinaria del HCD este jueves para comentar personalmente cómo fue el episodio por el cual sacó turno para vacunarse contra el CoVID19 y luego no se presentó, algo que en los últimos días mereció la reacción del Comité Radical por la campaña mediática del oficialismo contra la concejal Felicitas Cabretón por la misma cuestión.

Literalmente lo que sucedió fue que Zubillaga, al igual que Cabretón, se inscribió para recibir la vacuna indicando que padece de una enfermedad considerada dentro del grupo de riesgo, más luego no se presentó a recibir la dosis porque cuando le tocó el turno asignado había pasado una semana de que se había aplicado la vacuna contra la gripe.

El concejal explicó que se aplicó la vacuna contra la gripe el 2 de marzo. Con un turno para recibir la vacuna contra el CoVID sacado el 12 de enero, el edil de Nueva Necochea decidió vacunarse contra la gripe pocos días después que estallara el escándalo de las vacunaciones VIP en todo el país, inhabilitando por un mes la posibilidad de ser vacunado contra el coronavirus por indicación de un médico al que fue a consultar cuando lo notificaron que su turno era el 10 de marzo.

"El 10 de marzo se me citó para darme la vacuna de CoVID. Consulté a mi médico y mi médico me dijo en ese momento que tenía que esperar 30 días. Fui a la posta sanitaria que me tocaba, en el horario que me tocaba (la posta era Aceiteros) primero para que me digan exactamente lo mismo, y segundo para ver si se podía de alguna forma lograr un turno posterior a cuando terminara la incompatibilidad con la vacuna que me había dado una semana atrás que era, como dije, contra la gripe; posibilidad que, en ese momento por lo menos, no existía, así que quedé otra vez dentro de lo que se llamó 'la turnera'", resumió el concejal, que anteriormente había explicado que padece de una serie de enfermedades que no estaban consideradas dentro de los grupos de riesgo, por lo que decidió declarar que padece obesidad.

"Yo acá tengo el certificado firmado por el doctor Luis Horacio Satti, creo que todos lo conocemos, así nadie puede dudar, matrícula profesional 92537", sostuvo. "Esta es una copia certificada con escribano y lo acabo de agregar al expediente donde todo esto nació", agregó. Aunque el Concejo en Comisión solicitó los datos hace casi un mes, solo frente a los cuestionamientos el concejal adjuntó su certificado con fecha del 31 de mayo de este año, es decir, un diagnóstico posterior a su inscripción en la vacunación el 12 de enero y su turno el 2 de marzo.

Los nuevos datos en efecto ponen a Zubillaga a la misma altura que el caso de Cabretón, aunque la situación del empresario, cuyo señalamiento oportuno fue calificado por él mismo como una "burda maniobra", no fue replicada con el tono de escándalo que intentó imprimirse en el tratamiento del caso de la edil radical.

Si el certificado tuviera fecha anterior al 12 de enero, que es la fecha en la que el concejal se inscribió en la app del gobierno por sufrir obesidad, su declaración ante las autoridades para obtener un turno estaría apoyada con las prueba de un diagnóstico que certificaba su elección. De no ser así, como fue el caso, el concejal habría incurrido en el mismo tipo de falta que la concejal Cabretón, cuestionada por inscribirse en la turnera con una enfermedad mal consignada aún cuando tampoco recibió su dosis. 

Consideración cuestionable

Más allá de la valoración que pueda hacerse sobre el desarrollo de la cuestión y la validez o no de las razones que presentó correctamente en el seno del Concejo, la declaración de Zubillaga señala una consideración ética cuestionable viniendo de un concejal: para el concejal la declaración jurada de un empleado público es menos transparente que un certificado médico de un doctor que cobra a su paciente por prescribirle recetas.

"Yo puedo ir a vacunarme y declarar bajo juramento que padezco la enfermedad que digo, que es la enfermedad de base. Sabemos perfectamente que una declaración jurada en nuestro querido país no tiene mucho sentido porque se pierde en la burocracia, por lo tanto yo elegí el método más transparente que hay, que es un certificado médico. Es decir, un médico que asume la responsabilidad de lo que yo tengo", señaló el concejal. 

Las palabras del edil llegan en momentos en los que la política del gobierno (no solo nacional, sino también provincial y municipal) es precisamente apelar a las declaraciones juradas y la honestidad de los ciudadanos para determinar la validez o no de un turno para vacunarse, para circular o incluso para desempeñarse en un trabajo (en el caso de poder hacerlo). 

En lo ideal, el concejal hubiera podido dar el ejemplo brindando sin problemas su propia declaración jurada (aún más si fue cuestionado como mostró el comunicado del Comité Radical emitido esta semana) además de someterse de esa manera a una posible sanción en caso de que hubiera incurrido en una declaración falsa, como la propia gestión de Arturo Rojas sugirió en principio que podría pasar si se detectaban irregularidades entre funcionarios o concejales y como el propio oficialismo señaló para el caso de Cabretón en declaraciones en medios afines. 

En otra opción para brindar real transparencia, Zubillaga hubiera podido presentar su certificado publicamente en las redes sociales apenas surgieron los interrogantes, tal como hicieron en primera instancia la mayoría de los concejales opositores, aunque por alguna razón desconocida, evitó el tema hasta que salió en los medios.

La justificación del concejal representó otra muestra más no sólo de la falta de transparencia del oficialismo en cuanto al plan de vacunación en el distrito, con información a medias, dilatación de plazos para presentar información y plagando el panorama de "bombas de humo" mediáticas; sino el sesgo ideológico que presenta, considerando casi "sin sentido" las declaraciones juradas que promueve en la sociedad para tratar de llevar adelante tareas de prevención en salud y un plan de vacunación en nuestro distrito.